Ataques contra la autoridad: Ecuador se enfrenta a los riesgos de una tercera fase de insurgencia

Ecuador estaría entrando en una nueva y peligrosa fase de insurgencia criminal. Así lo alerta el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), desde donde se advierte que hechos violentos como la emboscada en la que fueron asesinados 11 militares en alto Punino (Orellana) son signos de un cambio de relación entre las bandas criminales y el Estado.

“El país enfrenta la tercera fase de una insurgencia criminal”, asegura Renato Rivera, director del OECO y experto en crimen organizado transnacional. “Los grupos delictivos ya actúan con estatus de beligerancia, desafiando al Estado con ataques directos. Las instituciones de seguridad están gravemente debilitadas”.

Esta potencial tercera fase, definida en la literatura académica sobre crimen organizado en América Latina, representa una transición de la mera lucha entre bandas por el control territorial, hacia  enfrentamientos criminales con los agentes estatales: una ofensiva directa contra la fuerza pública.

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A la matanza de militares, el pasado viernes 9 de mayo de 2025, en operaciones contra la minería ilegal, se sumó este 13 de mayo un enfrentamiento armado en la provincia de Santa Elena que se saldó con nueve presuntos secuestradores abatidos y un policía muerto, durante un operativo en Los Ceibitos.

¿En qué fase está Ecuador?

En octubre de 2024, el Observatorio ya advirtió sobre la evolución de una segunda fase de insurgencia, marcada por la cruenta disputa territorial por la vía armada entre grupos criminales y por los primeros ataques directos y emboscadas contra policías.

El Ejecutivo ha reconocido síntomas de insurgencia en los justificativos de sucesivos estados de excepción, en los que se admite que los grupos criminales disputan el control de las funciones del Estado en ciertas zonas y alerta que en las provincias más afectadas la situación podría volverse incontrolable si se deja operar libremente a las bandas.

En una tercera fase de la insurgencia, las organizaciones criminales combaten a la fuerza pública para proteger sus enclaves y economías ilícitas -como zonas de minería ilegal o rutas del narcotráfico-.

Los grupos buscan en este estadio sembrar la anarquía, asegurar la libertad de operación del mercado ilícito y debilitar a las instituciones estatales, según lo descrito por el académico estadounidense John P. Sullivan a partir de las experiencias en América Latina (sobre todo en México, pero también en Colombia, El Salvador y las favelas de Brasil).

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El riesgo es que Ecuador podría avanzar a una fase en la que el dominio criminal se imponga por completo sobre el aparato estatal, como ocurrió en ciertos territorios de México o Colombia. En ese estadio, la corrupción endémica y la violencia estructural limitan el margen de maniobra impidiendo acciones efectivas del Estado.

Según Rivera el riesgo más grande es que “las instituciones del Estado pasen a ser parte del control del crimen organizado a través de redes de protección a grupos criminales”. De hecho, el Ejército ecuatoriano investiga si la inédita emboscada en Orellana obedeció a una fuga de información.

Grupos de tercera generación

El avance potencial a una tercera fase de insurgencia coincide con una peligrosa evolución de las organizaciones criminales a bandas de tercera generación -bajo el catalizador del narcotráfico y la minería ilegal-, de acuerdo al análisis del Observatorio.

De hecho, las Fuerzas Armadas elevaron el estatus a Grupos Armados Organizados (GAOs) a Los Choneros y Los Lobos, con Los Tiguerones haciéndoles carrera.

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A las dos organizaciones se suman las milicias de las disidencias de las FARC -los Comandos de la Frontera- como grupos que se pueden considerar de tercera generación, que han extendido el control territorial desde el departamento colombiano de Putumayo a enclaves estratégicos en Ecuador.

“Las disidencias de las FARC tienen el control de San Miguel, Puerto Asís y también en la zona perimetral del Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Lo grave es que se han extendido también a Orellana, en alianza con Los Lobos, otro grupo de tercera generación”, dice Rivera.

Minería legal como catalizador

Los Lobos -aliados de los Comandos de la Frontera- además controlan la minería ilegal en Ponce Enríquez (El Oro) y Buenos Aires (Imbabura), donde “el Estado también cede terreno” y se  han producido enfrentamientos directos con la fuerza pública.

Las bandas cooptan funcionarios, compran protección o simplemente eliminan a quienes se oponen como en la matanza de alto Punino, refiere el analista y consultor en seguridad.

“La minería ilegal avanza sin freno en Ecuador. Aunque fue declarada una amenaza para la seguridad nacional, el Estado sigue ausente”.

Renato Rivera, OECO.

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Un alto oficial de Policía familiarizado con las dinámicas criminales en la Costa le confirmó a PRIMICIAS, bajo reserva, que se ha detectado un patrón de amenazas directas contra agentes del orden, en prácticas propias de los insurgentes.

“El año pasado perdimos compañeros emboscados en Nueva Prosperina (noroeste de Guayaquil), a manos de Los Tiguerones. Hemos encontrado mensajes en celulares incautados en los que se ordena matar policías si se encuentran solos. La prioridad es proteger la vida de los agentes, reducir la violencia y recuperar la confianza ciudadana”, declaró.

Sobre la evolución de grupos como Los Lobos hacia bandas de tercera generación matizó que se están comportando como tal más en zonas mineras y en ciertos puertos artesanales, donde están demostrando mayor capacidad de fuego y extendiendo redes de alerta e inteligencia.